2014-05-13

La Justicia europea respalda el derecho al olvido

Los usuarios podrán solicitar la eliminación de sus datos personales de los resultados de los motores de búsqueda

Los motores de búsqueda son responsables del tratamiento  de los datos de carácter personal que indexan de otras páginas. Así lo ha indicado en el día de hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de su sentencia en respuesta a un proceso judicial que comenzó en el año 2010 entre Mario Costeja (el denunciante) y Google.

En aquel entonces Costeja presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) una reclamación contra el periódico de tirada nacional La Vanguardia Ediciones, S.L. y contra Google con motivo de la publicación de un anuncio de subasta de inmuebles celebrada con motivo de un embargo para el cobro de unas cantidades adeudadas.

La reclamación se centraba en que, cuando un usuario introducía “Mario Costeja González” en el buscador, se mostraba como resultado diversos enlaces que redirigían a páginas del periódico La Vanguardia en las que trataban el anuncio de la subasta.

El denunciante reclamó por aquel entonces la eliminación u ocultación de sus datos personales con la intención de desaparecer ante los resultados de búsqueda. Cuatro meses después la Agencia estimó el escrito considerando que los motores de búsqueda como Google deben atenerse a los protocolos de tratamiento de datos que exige la normativa de protección de datos teniendo en cuenta que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables.

Sin embargo, Google interpuso un recurso contra la resolución de la Agencia ante la Audiencia Nacional la cual optó por suspender el procedimiento trasladándolo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que para dar respuesta al recurso era necesario llevar a cabo una interpretación de la Directiva 95/46/CE relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de este tipo de datos.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Tras cuatro años desde que se inició el proceso, es ahora cuando el Tribunal de Justicia ha hecho pública su sentencia. Una sentencia que difiere en gran medida a las conclusiones publicadas en junio del pasado año por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Niilo Jääskinen, en donde afirmaba que la ley europea no amparaba un derecho al olvido generalizado de manera que el propio derecho a la información prevalecía sobre el olvido de los datos personales de los usuarios.

Ha sido ahora cuando la justicia europea le ha contrariado señalando que motores como Google “al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca  de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda recoge tales datos, en el sentido de la Directiva. […] El gestor extrae, registra y organiza esos datos en el marco de sus programas de indexación, antes de conservarlos en sus servidores y, en su caso, los comunica a sus usuarios y les facilita el acceso a los mismos en forma de listas de resultados”.

Teniendo en cuenta este criterio, el Tribunal califica la actividad de este tipo de motores como un tratamiento de datos. Tratamiento del que es responsable dado que es quien determina los fines y los medios de dicha actividad. En este sentido, la sentencia ha querido recalcar que la actividad de un motor de búsqueda puede afectar en gran medida a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de los datos personales.

Dado que Google dispone de un establecimiento en un estado miembro y proporciona servicios a usuarios en el marco de la Unión Europea, dichos tratamientos deberán regirse por los requerimientos de la legislación vigente.

La sentencia respalda el ya conocido “derecho al olvido” dotando a los usuarios del derecho a solicitar a un motor de búsqueda la eliminación de referencias que les puedan afectar incluyendo aquellos casos en los que la referencia aún no haya sido eliminada por el editor ni que este haya solicitado su desindexación.

Así, el derecho a la protección de datos de las personas prevalecerá sobre el mero interés económico del gestor del motor de búsqueda salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por interés público contrariando nuevamente a Jääskinen en sus conclusiones.

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