2014-03-17

¿Resulta de aplicación el habeas data en las redes sociales?

La Superintendencia de Industria y Comercio confirma que las redes sociales no se encuentran dentro de su marco de actuación

El tratamiento de los datos personales registrados en las redes sociales no resulta de aplicación dentro del ámbito de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD). Así lo ha establecido la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en respuesta a una consulta que una particular hacía a la Delegatura de protección de datos.

Para ello, la SIC se acogía a una comunicación enviada a un usuario en relación a una consulta similar en donde se informa que el tratamiento de datos personales a través de redes sociales no se enmarca como tarea de la Dirección de la actividad de administración de datos personales en virtud a lo establecido en el artículo 2 de la LEPD, el cual determina:

"Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al Tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales."

Es por ello que la Superintendencia ha querido recalcar que en caso de una posible vulneración de datos personales a través de redes sociales el organismo no resulta competente para llevar a cabo la investigación oportuna. Sin embargo, en caso de considerar que se encuentra ante una conducta punible por violación en el tratamiento de sus datos personales el órgano adecuado, según la SIC, sería la Fiscalía General de la Nación.

Y es que el código penal colombiano protege a los ciudadanos a través del artículo 269F "violación de datos personales", así como también a través del artículo 269G relativo a la "suplantación de sitios web para capturar datos personales". El incumplimiento de cualquiera de ambos artículos podría incurrir en penas de prisión entre 48 y 96 meses y multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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